Por Kerstin Boitano, Miembro de la Comisión Consultiva de minería, energía, electricidad e hidrocarburos del Colegio de Abogados de Lima y Co-fundadora de la Asociación Women In Mining Perú.
Parece frecuente relacionar los conflictos mineros a una suerte de injusticia social y de aprovechamientos por quienes introducen inversión en el país contra aquellos moradores que residen en nuestras comunidades altoandinas.
Así pues, se suele atribuir a estos desacuerdos controversiales –incluso por reconocidos letrados- una suerte de “lucha de clases”, que en modesta opinión personal más responde a un evidente “choque de culturas”. En este escenario se gestan percepciones y posturas diversas como equivocadas también, debido principalmente a la ausencia del Estado, que no es mediador activo en la comunicación efectiva entre una y otra parte. En efecto, no contribuye en la incubación de relaciones jurídicas y convivenciales provechosas y sostenibles -que debieran existir en escenarios como éste-; sumándose a ello, la evidente e indiscutible intromisión que la industria infringe a los espacios de los moradores en función de los derechos adquiridos -que sin ánimo de abuso- yacen por lo general bajo el derecho y/o tierra de los pobladores.
En consecuencia se generan frágiles relaciones que desencadenan en conflictos revestidos de gravedad nacional. Vale decir, la presencia del Estado no anticipará soluciones pero sin lugar a dudas creará relaciones más llevaderas que puedan solucionarse en el diálogo, reduciendo –además- la posibilidad de desavenencias con desenlaces violentos, y buscando, por el contrario, el entendimiento, balance y mejores acuerdos en función de los diversos valores, intereses y creencias.
En relación a lo expuesto, el Derecho nos proporciona amplias herramientas que dilucidan de alguna forma el panorama actual, ofreciendo una mirada más objetiva en vista de los derechos y obligaciones que confluyen en éstos avatares. Lo que puede ser un importante punto de partida para eliminar concepciones de aprovechamientos abusivos que quizá no existan –como se afirma-. No hace falta más que recordar el Artículo 66° de nuestra Constitución Política que refiere que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento…”, texto que nos conduce a afirmar que la Nación -en tanto no exista extracción de minerales- sigue siendo titular de éstos, más no ocurriendo así para el titular de la superficie predial.
En contraparte, podríamos señalar el Artículo 923° del Código Civil que contiene el mayor derecho real protegido que señala que “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”. Ello nos muestra que -incluso éste supremo derecho- tiene restricciones que obedecen al bienestar común; y, que en correlato del caso que nos asiste, sometido a las atribuciones de la concesión misma; así como éstos, otros derechos a tener en cuenta y que concurren en ésta actividad, deben tomarse en cuenta como es el derecho de superficie y el derecho de servidumbre de paso, por ejemplo.
Ineludible dejar de mencionar la Ley Orgánica Especial N° 26281 (Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales), pasaje legal que refiere con claridad que, el otorgamiento de derechos por aprovechamiento de recursos naturales da lugar a una “retribución económica” y reafirma que “los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación”.
En otras palabras, no resulta certero sugerir en medida alguna que el Estado y/o empresa privada comercie injustamente con el subsuelo, tierras y/o recursos de nuestro territorio desaforando a la Nación y/o a sus comunidades, dirigido por intereses individuales o en favor del empresariado sino que más precisamente existe una “contraprestación significativa” en beneficio de la Nación por parte de quienes realizan actividad extractiva formal, además de los múltiples contratos que se celebran a dichos fines.
Las Bambas, hoy está obligada a analizar los cumplimientos e incumplimientos que coexisten a la luz del conflicto, así como las implicancias y soluciones para emprender nuevos acuerdos y alcanzar el mejor remedio colectivo en función de la inseguridad jurídica que atraviesa con sus diversos stakeholders.
En vista de lo anterior, resulta comprensible las resistencias que se originan a lo largo del proceso productivo por parte de la comunidad, siendo imperativo poner atención a todos los actores de éste y moderar los vínculos, donde el involucramiento del Estado cumplirá un papel protagónico, debiendo procurarse actuaciones preventivas en etapa anterior a la constitución de relaciones entre las partes involucradas.
En razón de ello y siendo la minería pilar de la economía peruana con valiosos aportes al PBI de nuestro país, los conflictos no hacen más que retrasar el desarrollo. Basta con darle una mirada a las contribuciones que la minería concede para advertir el impacto que significaría frenar ésta importante actividad.
Las Bambas no solo está considerada dentro de las tres principales empresas mineras en el país, sino que produce el 2% del cobre mundial y más del 18% de la producción nacional, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Además, genera más de 1,800 puestos de trabajo directo y 8,000 indirectos, produce más de US$ 85 millones por concepto de regalías, participa del 1.07% del PBI, lo que equivaldría al 5% de las exportaciones totales según estimaciones del Instituto Peruano de Economía. Por tal motivo los conflictos, no muestran nuestra mejor imagen como Nación, y desacelera la inversión en general.
Finalmente, no cabe duda que hay mucho por atender y es necesario hacer un llamado al Estado a ser el gran gestor para que los actores involucrados generen relaciones sostenibles y satisfactorias para todas las partes en pro del desarrollo. Precisa regular con asertividad y está obligado a ser el mediador eficiente, toda vez que, es el amplio conocedor de las realidades de nuestro pueblo. A su vez, debe aunar esfuerzos con un sector empresarial comprometido y una comunidad dispuesta a la cual se le procure primordialmente salud, educación y trabajo, además de la infraestructura y crecimiento que la minería provee.
Naturalmente, la minería es de todos y para todos; y, pese a que los conflictos en éste sector no se circunscriben a nuestro país, nos urge articular esfuerzos y establecer alianzas de colaboración para un desarrollo sostenible en una acción cercana entre Estado (en sus múltiples instancias), Empresa y Comunidad.
